En nuestro despacho ofrecemos un servicio especializado en la tramitación de medidas de apoyo a personas con discapacidad, conforme a lo establecido por la Ley 8/2021, de 2 de junio, que reformó el ordenamiento jurídico español para adaptarlo a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta ley supone un cambio de paradigma, sustituyendo las antiguas figuras de incapacitación por un sistema basado en el respeto a la voluntad, deseos y preferencias de la persona con discapacidad. Nuestro equipo jurídico presta un acompañamiento integral y personalizado en la constitución de medidas voluntarias y judiciales de apoyo, tales como la guarda de hecho, la curatela, la asistencia en la toma de decisiones o la elaboración de mandatos preventivos.
Nuestro equipo jurídico presta un acompañamiento integral y personalizado en la constitución de medidas voluntarias y judiciales de apoyo, tales como la guarda de hecho, la curatela, la asistencia en la toma de decisiones o la elaboración de mandatos preventivos.
Asesoramos a familias, representantes legales y a las propias personas con discapacidad en todo el procedimiento legal y judicial, garantizando que los apoyos propuestos respeten la autonomía personal, la dignidad y los derechos fundamentales de quienes los necesitan.
Asimismo, intervenimos en procedimientos de revisión de medidas anteriores, en conflictos relacionados con el ejercicio de la capacidad jurídica y en la redacción de documentos que reflejen con claridad la voluntad de la persona y su entorno.
Nuestro objetivo es proporcionar soluciones jurídicas humanas, responsables y plenamente adaptadas a esta nueva realidad legal, favoreciendo entornos de apoyo que promuevan la inclusión, la participación y la toma de decisiones con dignidad.
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